Estado Actual en América Latina y el mundo
De acuerdo al International Finance Corporation (IFC), a Enero de 2016 existían en el mundo 7,300 millones de personas, de las cuales el 51% (3,700 millones) son usuarias de celulares activos. Volcando la mirada en América, existen aproximadamente 1,072 millones de líneas activas de teléfono celular, siendo este número superior al del total de la población, que se sitúa en 997 millones; es decir, existen más conexiones a celular que habitantes en el continente.
En la actualidad se desarrollan 37 iniciativas de dinero móvil en la región, con un fuerte crecimiento durante los últimos años. Los primeros desarrollos en esta materia tuvieron lugar en 2008, y a la fecha las nuevas iniciativas han aprovechado las llamadas “ventajas del atraso”, ya que han podido desarrollar en menor tiempo y con mayor efectividad alternativas de dinero electrónico y banca móvil aprovechando lecciones aprendidas previamente por otros actores e iniciativas.
En relación con los servicios financieros, la banca móvil se constituye como un canal transaccional, cuya función principal es la de facilitar la conexión con servicios financieros apoyados en el uso de la tecnología. Proporciona una ventaja de costos para quienes lo ponen a disposición de sus usuarios.
El dinero electrónico (e-money en inglés), de acuerdo con una investigación de BBVA, “es un instrumento financiero que almacena valor electrónicamente contra la recepción de fondos equivalentes por parte del emisor. Se acepta como medio de pago por terceros ajenos al emisor y puede transferirse entre usuarios y convertirse de nuevo en efectivo. El valor se almacena en un dispositivo electrónico que puede ser un monedero virtual en Internet, una tarjeta de pago prepagada u otras tarjetas inteligentes, como una tarjeta de telefonía móvil. En este último caso, a veces se hace referencia al dinero electrónico como dinero móvil”.
Dentro de los desafíos que se identifican para este tema, que ha cobrado gran relevancia en los últimos años, destacan los siguientes:
– cómo incentivar el uso de plataformas de banca móvil y dinero electrónico desarrollando un ecosistema sostenible e inclusivo;
– cómo pueden la regulación y las políticas públicas apoyar el surgimiento de innovaciones en este sector, favoreciendo la confianza y el uso por parte de la población, y
– cómo puede la revolución digital impulsar la inclusión financiera de la población tradicionalmente excluida del sector financiero.
La función de la política pública
La política pública debe atender tanto al ámbito de la oferta como al de la demanda. Respecto a la demanda, la política juega un importante papel a la hora de informar al usuario, estimular su confianza y favorecer el desarrollo de capacidades financieras específicamente dirigidas a este nuevo sistema, para que puedan tomar decisiones informadas, con bajo nivel de riesgo.
En cuanto al trabajo sobre la oferta, la política pública es importante a la hora de favorecer la capilaridad del sistema (la red debe ser capaz de alcanzar sectores remotos e informales) y la interoperabilidad (entre plataformas y proveedores). De forma transversal, la política pública deberá contemplar aspectos de medición e indicadores de éxito para el sistema. Estos elementos deben ser tomados en cuenta si se quiere que la política resulte efectiva para la inclusión de sectores de población que no cuentan con acceso a servicios financieros en la actualidad.
Desafíos en el acercamiento al usuario y el desarrollo de canales y productos
Varios son los desafíos relacionados con el usuario y el desarrollo de productos y canales. Algunos de ellos serían:
Usuario
Productos
Canales
El papel de la regulación
La regulación es necesaria en este tema, y debe promover una sana competencia en la creación de productos y servicios desde los ofertantes. El regulador debe trazar la cancha de los participantes en el ecosistema en temas como: participación de miembros del ecosistema, riesgos implícitos en productos móviles, entes de control y forma de manejo de dinero (depósitos de dinero), identificación de barreras para la inclusión financiera y permitir que los ofertantes tengan espacio para innovar y siempre tengan a la generación de confianza entre los temas fundamentales. Muchas inquietudes deben subsanar las regulaciones como por ejemplo:
Iniciativas desde el trabajo de la demanda
Las 37 iniciativas que se reportan en la región latinoamericana tienen en común el estar enfocadas a la población no bancarizada. Ciertamente, este debería ser el enfoque, aunque hablar de un proceso de inclusión financiera, con las barreras y características que se observan en varias iniciativas, resulta algo ambicioso. La población excluida merece ser un foco de atención prioritario al momento del diseño, desarrollo e implementación de nuevos instrumentos financieros. Una de las alternativas es utilizar una metodología que permita el acercamiento a la población objetivo, analizar su comportamiento en el uso de productos financieros y diseñar productos, servicios y canales buscando la máxima satisfacción de un usuario en la experiencia de utilización de una solución; y con base en este análisis, que finalmente la adopción por parte de los usuarios sea más efectiva.
Juan Navarrete es el Director de la Division de Inclusión Financiera para Fundación Capital. Ha sido servidor público para la Banca de Desarrollo en México, al encargarse del área de estudios del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI). También fue director ejecutivo de la oficina en México de PlaNet Finance. Como consultor independiente, ha dirigido proyectos en América Latina, el sudeste asiático y África, en los que ha realizado estudios de impacto de programas de desarrollo, así como evaluaciones de instituciones financieras. También ha provisto asistencia técnica a instituciones microfinancieras para el diseño de productos.